En el post de hoy, vamos a centrarnos en la necesidad, cada vez más apremiante, de la contratación de detectives privados para combatir casos de violencia de género, con el objetivo de proteger a las mujeres y a sus descendientes directos. Además, nos centraremos en el caso reciente de ayuntamientos españoles que ya incluyen en sus presupuestos de 2022, la contratación de detectives para combatir esta gran lacra.

¿Por qué contratar a un detective privado si sufro violencia de género?

Aunque un detective privado, no puede prevenir los malos tratos hacia la mujer y/o sus descendientes directos, sí puede ayudar a obtener las pruebas necesarias y válidas, para que un juez las pueda tener en cuenta en un juicio.

Las pruebas que un detective privado puede obtener son las siguientes:

Por todo esto, el trabajo del detective será vital para que el tribunal pueda disponer de pruebas fehacientes del maltrato físico o psicológico al que la mujer está expuesta o pueda sufrir ella o sus hijos. 

¿Qué ayuntamientos de España cuentan con la contratación de detectives privados contra la violencia de género y en qué consiste?

Por el momento, el Ayuntamiento de Castellón, siguiendo la estela del de Valencia, ya incluye la opción de contratación de detectives privados con el objetivo de proteger a las mujeres contra la violencia económica.

Aunque el importe consignado, no sea del todo elevado (se destinarán 6.000€ en la contratación de detectives privados), el objetivo principal será la de proteger a las víctimas de malos tratos, garantizando que los agresores no oculten sus bienes y paguen las pensiones dictadas por el juez en cuestión.

Con este convenio y compromiso, se facilitará que un detective privado elabore un informe pericial como prueba de cargo contra el agresor, sin coste para la víctima, evitando así una discriminación entre mujeres como consecuencia de sus recursos económicos.

De este modo, el acuerdo de colaboración con los detectives pretende acabar, también, con la violencia económica que sufren las mujeres maltratadas, ya que muchas de ellas no trabajan y dependen de los ingresos de la ex pareja. 

Además, con ello, se prevé que sean muchas más las víctimas que se atrevan a denunciar a sus agresores, al no tener que compensar económicamente los servicios de los detectives contratados para esta labor.

Así, este acuerdo, junto con el de Valencia, pone en el foco la necesidad de dar voz y aún más visibilidad, a una lacra que debe terminar cuanto antes y que todos los ayuntamientos del país deben asumir como prioritaria.

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